Concluyó la reforma constitucional en materia energética y el Presidente de México ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pareciera que llegó el momento de decir consumatum est, pero no es así, falta la legislación secundaria y de ella dependerá, como se ha comentado reiteradamente, el éxito o el fracaso, el desarrollo de nuestro potencial energético o el saqueo y la depredación.

Como consecuencia de la gran oportunidad que brinda para México el nuevo texto constitucional y el enorme riesgo de que la apertura del sector resulte el robo más grande de la historia, la reforma ha generado en sectores de la población sentimientos y comportamientos contrapuestos: alegría, entusiasmo, optimismo, indiferencia, duda, desconfianza, violento rechazo y el intento de revertirla judicialmente o por medio de la consulta popular. Todo ello, por supuesto, salpicado de aplausos, cenas para festejar, injurias y mutuas descalificaciones, sin que hayan faltado marchas, plantones y las consabidas agresiones a policías que son absolutamente ajenos al proceso legislativo y que en México no gozan de derechos humanos.

Ahora bien, más allá de que resulte fallida la pretendida reversión de la reforma aprobada, es probable que se dé un proceso para que la Suprema Corte resuelva si el caso corresponde ser decidido a través de la consulta popular. Lo evidente es que ese tiempo de incertidumbre será dañino para el país, razón por la cual es deber de los protagonistas buscar con talento y sensibilidad que se supere la crispación. No es fácil pero tampoco imposible aprobar leyes y políticas públicas que garanticen el aprovechamiento racional y patriótico de esa enorme y codiciada riqueza. Los mexicanos debemos ser capaces de luchar unidos ante el mundo.

Si se actúa serenamente y con sentido de responsabilidad se podrán lograr decisiones inteligentes, sustentadas en la experiencia, el conocimiento y la buena fe. Si los legisladores escuchan a quienes más saben de petróleo, de gas, de electricidad y de otros energéticos será más fácil que acierten en el delicado y trascendente texto de la ley secundaria. Si no dan espacio a soberbias ni rencores, los ciudadanos les quedaremos agradecidos. Tan mala es la prepotencia como la “preimpotencia” y la política no debe quedar atrapada en medio de esos vicios.

De poco ha servido que desde hace 75 años se venga escuchando que el petróleo es nuestro y que éste, el gas y la energía eléctrica son propiedad exclusiva de la Nación si el monopolio estatal no ha logrado eficiencia y honestidad en el manejo de esa riqueza, ni ha sabido aprovechar, de la mejor manera, su enorme potencial.

Decir que “el petróleo no se vende” es un postulado maravilloso pero falaz; es un grito callejero que lo acalla la realidad cotidiana. El petróleo sí se vende y se seguirá vendiendo.

Desde que salió a la superficie el primer barril, esto es, antes y después de la expropiación, solamente una pequeña parte se ha quedado en México ya que un porcentaje elevadísimo de la producción se ha vendido y se sigue vendiendo a empresas extranjeras para ser aprovechado por extranjeros. No hemos tenido capacidad para darle valor agregado a la mayor cantidad de lo extraído y, peor aún, parte de lo que vendemos y exportamos lo tenemos que recomprar e importar ya refinado. La mitad de la gasolina que diariamente consume el país es importada y corresponde a petróleo que un día fue nuestro, quedando en el extranjero la mano de obra, las ganancias y los impuestos. No puede negarse que los países productores naturalmente son exportadores, pero primero debe quedar satisfecha su demanda interna y darle el mayor valor agregado a lo que razonablemente convenga vender.

Docenas de millones de seres humanos, despojados de todo menos de su lacerante pobreza, deben saber que en las entrañas de la Tierra hay una inmensa riqueza de gas que les pertenece y que solamente hacen falta políticas públicas inteligentes y honestas para que ellos salgan de su postración y para que el gobierno ahorre lo que hoy le cuesta adquirir el gas importado.

El monto de los recibos por el consumo eléctrico, así como el daño ecológico que causa el Estado en la generación de esa energía son intolerables y procede su pronta corrección.

Pues bien, con el propósito de contribuir al mayor y mejor de los éxitos en tarea tan relevante para el futuro de nuestra amada y doliente Patria, presento a las autoridades federales y a los legisladores una propuesta ciertamente sencilla pero que puede resultar trascendente y que se sustenta en el propio texto constitucional. Es la siguiente:

Que el gobierno impulse y facilite —a través de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, así como de otras entidades que al efecto constituya— la inversión del ahorro de los ciudadanos mexicanos en las diversas empresas vinculadas al sector energético donde directa o indirectamente participe el Estado. Que los legisladores adecuen la legislación secundaria para hacer viable y ganadora la participación popular directa, haciéndola accesible para las personas y familias que en ella se interesen.

Si se establecen reglas claras, que brinden seguridad a los ciudadanos inversionistas —sea grande o pequeña su aportación económica— la acogida puede ser espléndida y benéficos los resultados; de lo contrario implicará una violación más, peor que la marginación misma.

La política social que se contiene en esta propuesta producirá múltiples beneficios, entre ellos: elevará el nivel de vida de las familias mexicanas; capitalizará a las entidades públicas y reducirá la opacidad y corrupción que con frecuencia se da en ellas; se fortalecerá la rectoría y soberanía del Estado; se dará vida por primera vez al viejo sueño de que los energéticos son patrimonio del Pueblo y quedará atrás el encono que impide la unidad y frustra el porvenir.

Jamás se logrará con subsidios y dádivas reducir de manera eficaz la brecha social que nos divide; se requiere de oportunidades y ésta es inmejorable.

Es de justicia que donde podrán entrar los fuertes haya un lugar para los débiles; que donde los extraños podrán invertir, también puedan hacerlo los dueños; que donde ganarán los pocos puedan ganar los muchos.

Si el pueblo es invitado a la fiesta no se requerirá consulta.

Dejemos atrás el viejo lamento que reza: Pobre del pobre que al cielo no va, lo roban aquí y lo queman allá.